El Senado aprobó en lo general y lo parricular con 86 votos a favor y 39 en contra, la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas como CFE y Pemex, y que revierte la reforma energética aprobada en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La minuta enviada por la Cámara de Diputados, reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a fin de establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Al lograr la mayoría calificada, los senadores de la mayoría celebraron su aprobación, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña dijo que se trata de “otro día histórico”.
Al presentar el dictamen ante el pleno, el senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales señaló que estas reformas, permiten que el estado retome la soberanía y seguridad energética, “velando en todo momento porque en este sector se antepongan los intereses del pueblo ante cualquier enfoque que tienda a fortalecer el lucro de los particulares”.
El legislador de Morena señaló que: “al pueblo de México se lo decimos de frente, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el internet no serán más objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados. Serán como debieron ser siempre, bienes y recursos naturales al servicio del desarrollo nacional”.
En ese sentido, sostuvo que con esta reforma, “estamos dando las condiciones legislativas para que se cumpla a cabalidad uno de los 100 pasos para la transformación. Esta es la verdadera transformación. La que pone a la gente en el centro, la que construye un México donde todos tienen un destino compartido. Hoy como siempre hemos dado muestras, estamos del lado del pueblo”.
La oposición que votó en contra de la reforma, presentó solicitud de moción suspensiva que fue rechazada por la mayoría morenista, advirtió que esta reforma pone en riesgo los acuerdos con Estados Unidos y Canadá en el T-MEC.
