Que los 72 municipios cuenten con un cronista municipal y un museo, e introducir la figura del delito de insolvencia alimentaria fraudulenta dentro del Código Penal del Estado de Sonora, presentaron grupos parlamentarios en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso.
La primera de las iniciativas fue presentada por el grupo parlamentario de Morena y consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ella, para evitar posibles actos de corrupción entre proveedores y trabajadores del estado, se propuso establecer un tope a una tasa establecida para el pago de gastos financieros cuando el gobierno no cumple con el pago de un contrato.
“La reforma que se presenta tiene como finalidad evitar la sangría económica al estado y a los municipios pues, si bien es cierto que, como obligado, la administración debe cubrir el costo de su incumplimiento, debe hacerse bajo una modalidad que no sea utilizada para obtener beneficios indebidos”, expresó la diputada Celeste Taddei Arriola.
En el siguiente punto del orden del día, la diputada Beatriz Cota Ponce presentó una iniciativa con la que propuso que los 72 municipios cuenten con un cronista y un museo municipal, con el objeto de que fortalezcan la identidad cultural de sus habitantes y desarrollen atractivos turísticos a favor del desarrollo económico de sus localidades.
A nombre propio y del diputado Fermín Trujillo Fuentes, como integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, y de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la legisladora expuso que este proyecto de decreto, que fue turnado para estudio a la Comisión de Educación y Cultura, busca reformar diversas leyes en la materia.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano estableció una iniciativa para introducir el delito de insolvencia alimentaria fraudulenta en el Código Penal del Estado de Sonora, para castigar con pena de prisión de dos a cinco años a quien, con el fin de no pagar la pensión alimenticia, intencionalmente simule recibir ingresos por una cantidad menor. La propuesta fue turnada para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
