La LXIII Legislatura aprobó reformas al Código Penal, para que a los servidores públicos que incurran en feminicidio en cualquier etapa del delito se les incremente hasta en un tercio la pena de prisión.
En sesión extraordinaria del Pleno, a la que convocó la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, la diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, expuso que la pena propuesta por dicho delito iría de 45 a 70 años de prisión, misma que también aumentaría en un tercio cuando se incurra en las siguientes agravantes:
• Sea cometido por dos o más personas;
• Sea cometido por persona que tenga el deber de cuidado sobre la víctima;
• Sea cometido por conductor de vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad en el desarrollo de su trabajo;
• Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, actos de explotación o trata de personas;
• Sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de consanguinidad o afinidad, o cualquier otra relación de hecho o amistad.
La legisladora afirmó que se trata de integrar un marco normativo actual de acuerdo a la nueva realidad que se presenta, con el fin de mantener y proteger la paz social, ya que este es el fin que busca un estado constitucional democrático, lo cual solo será posible mientras los poderes del Estado, principalmente el Legislativo, que representa la voluntad popular, atienda, proteja y garantice los derechos fundamentales y humanos que dispone la Constitución Federal.
“Para el caso, este es uno de ellos: legislar en favor de la reducción de la violencia feminicida debe impulsar el ánimo del Legislativo local y así adecuar nuestro sistema jurídico-normativo, con miras de la protección más amplia de los derechos humanos de las personas, especialmente de aquellas que integran los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, externó.
De la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 263-BIS 1 del Código Penal del Estado de Sonora, misma que fue considerada como de urgente y obvia resolución y aprobada por unanimidad, destaca que será el Juez quien estimará aplicable aumentar un tercio la pena de prisión, con base en los agravantes.
“Con ello se deja a la decisión del juzgador si la pena de prisión es merecedora a una que supere los 70 años de cárcel por la comisión de dicho delito y sus agravantes”, aseveró la diputada Castro Valenzuela.
En esta sesión extraordinaria se aprobó por mayoría el Acuerdo para emitir convocatoria pública para nombrar a la persona que habrá de ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hasta por siete años, contados a partir de la toma de protesta respectiva.
La diputada Beatriz Cota Ponce leyó la iniciativa presentada por la Comisión de Régimen Interno y concentración
Política, que contiene la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos en general a participar en este proceso, que establece en su base primera que las y los aspirantes deberán presentar por escrito la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, ante la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, sito en calles Allende y Tehuantepec, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, del 10 al 14 de julio del presente.
La convocatoria será publicada en el sitio oficial de Internet del Congreso del Estado de Sonora, así como en un periódico de circulación estatal, además de que el 17 de julio del presente, la Mesa Directiva del Congreso del Estado procederá a publicar, de la misma forma que la convocatoria, los nombres de las personas inscritas para fungir como Comisionado o Comisionada del ISTAI, una vez cumplidos los requisitos formales.
Después de la publicación de la lista, la Comisión de Transparencia llevará a cabo audiencias públicas con entrevistas a las y los aspirantes, con el fin de conocer sus antecedentes personales y profesionales y, de modo especial, su concepción de la institución de la cual pretenden formar parte, para posteriormente hacer el análisis de cada currículum, de la documentación presentada y del resultado de las audiencias, a efecto de proponer al Pleno el nombramiento de la persona que deberá ocupar el cargo.
Aprueban dos decretos
Otro punto aprobado por mayoría durante la extraordinaria correspondió a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, presentada por la Comisión Anticorrupción, con el objeto de adecuar dicha normatividad a las necesidades actuales de las autoridades en la materia, así como de otorgarles un marco jurídico más dinámico y operable, tanto a nivel administrativo, como en los ámbitos ministerial y jurisdiccional.
A nombre de dicha dictaminadora, la diputada María Jesús Castro Urquijo dio a conocer el documento que, en su exposición de motivos, establece la importancia de garantizar el principio de rendición de cuentas que debe prevalecer en el servicio público e inhibir los actos de corrupción, a fin de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, que es el que regula la norma en cuestión.
Al ser la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, se da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sonora, indicó, sin olvidar que la ciudadanía sonorense demanda constantemente a las y los diputados, que garanticen el combate a los hechos de corrupción en todos los ámbitos, pero especialmente en el servicio público.
Entre las modificaciones a la Ley de Responsabilidades y Sanciones destaca que será considerado servidor público: toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionalmente autónomos, en el Congreso del Estado o en el Poder Judicial, o que manejen recursos económicos estatales.
Y por unanimidad se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, con base a iniciativa enviada a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, asistido por el Secretario de Gobierno, con proyecto de Decreto que le autoriza para que, a nombre y representación del Gobierno del Estado de Sonora, afecte las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Además para que se constituya en obligado solidario del organismo público descentralizado denominado Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que formalice el convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social a los trabajadores a su servicio.
El Gobernador del Estado presentó la iniciativa el pasado 29 de mayo, bajo el argumento de que “se ha optado por incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social a trabajadores al servicio de la administración pública estatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se contraten para el despacho, operación, monitoreo y supervisión del servicio de transporte público (en forma directa) por el organismo público descentralizado denominado Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora”, establece la exposición de motivos.
En el dictamen, al que dio lectura la diputada Celeste Taddei Arriola, a nombre de la Comisión de Hacienda, se señala que el objetivo es brindarles y proporcionarles la seguridad social de atención médica a esos trabajadores, en virtud de que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora excluye a los trabajadores de las entidades de la administración pública estatal y organismos o instituciones públicas, salvo que decidan celebrar un convenio de incorporación con el ISSSTESON.
Mediante el Decreto aprobado se le autoriza al IMTES a celebrar un convenio con el IMSS, para incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del Seguro Social a sus trabajadores a su servicio, así como pactar las condiciones de su incorporación; se autoriza a otorgar como garantía de pago de las cuotas obrero-patronales respectivas, los subsidios, transferencias o participaciones en los ingresos federales que le corresponden al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado.
Al Gobierno del Estado se le autoriza suscribir el convenio respectivo, en calidad de obligado solidario del IMTES, otorgando en garantía los subsidios, transferencias o las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al propio Gobierno del Estado, por lo tanto las y los integrantes de la dictaminadora consideraron es importante garantizar las prestaciones de seguridad social de los trabajadores.
Una vez desahogado el orden del día de esta extraordinaria, la diputada Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva, dio lectura al Decreto que clausuró la sesión.
Fuente: http://www.congresoson.gob.mx/Organizacion/Nota?id=3716
