Tras la aprobación que se dio hace unos días de la Ley de extinción de dominio, ahora las autoridades podrán requerir cualquier bien o inmueble que pertenezca a personas ligadas a actividades turbias, mencionó la diputada federal sonorense Madeleine Bonnafoux, quien reconoció que faltó pulir esa iniciativa antes de que fuera validada en la Cámara de Diputados.
Con esa norma, los gobiernos tienen la facultad de apoderarse del patrimonio de una o varias personas señaladas por actos de corrupción, delincuencia organizada, "huachicoleo", daños contra la salud, trata de personas, secuestro , encubrimiento, recursos de procedencia ilícita y extorsión, así como actitudes negativas de servidores públicos, quienes perderán la propiedad de los sitios o materiales y pasarán a ser parte de las autoridades para venderlos o utilizarlos en favor de la sociedad.
"El objetivo de haber aprobado la Ley de extinción de dominio es quitarle los bienes a los delincuentes. Se le quitarían a las personas que hayan cometido algún delito, acto de corrupción o por cualquier otra circunstancia ilegal", expresó la legisladora panista, en entrevista con Jael Esparza en el Noticiero de Ecos de la Noticia.
Resaltó que antes de proceder la autoridad, primero tiene que comprobar que hay un ilícito al momento de ir contra el o los señalados, aunque la Ley no requiere que se de la sentencia definitiva por parte de un Juez para poder iniciar con la comercialización de los bienes que les sean incautados a los presuntos, uno de los puntos que deben ser mejorados.
Fuente: Gil Reyes.
