México cuenta con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y un marco legal vigente para responder en defensa de los intereses nacionales, si es que el presidente de Estados Unidos decidiera imponer el gravamen de 5 por ciento el 10 de junio a todos los productos importados desde suelo nacional, expuso Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior.
“El sistema multilateral y el tratado de libre comercio vigente en este momento (el TLCAN) nos ofrecen los mecanismos y las herramientas para eventualmente tomar una decisión que obviamente no queremos ninguna de las dos partes, pero México hará lo necesario para defender sus intereses legítimos”, apuntó la subsecretaria en el marco de un evento en la Secretaría de Economía (SE).
Fernando de Mateo, exrepresentante de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), recordó que los nacionales podrían acudir ante un panel del TLCAN para apelar que la acción arancelaria tomada por los americanos es una salvaguarda, medida que se ejecuta cuando hay un aumento en las importaciones de ciertos productos que amenazan o causan un daño en la producción de algún sector de un país.
“En cualquier panel del mundo, en la OMC o en el TLCAN , lo primero es que México puede alegar que se trata de una salvaguarda general en contra de las importaciones mexicanas (…). Eso permite, inmediatamente, como se hizo con el hierro y el acero, poder tomar una represalia”, dijo De Mateo.
De acuerdo con los textos del TLCAN, las salvaguardas sólo pueden ser establecidas si se hacen en referencia al marco regulatorio establecido por la OMC; sin embargo, en este caso, no existe un caso que ponga en entredicho la seguridad nacional de EU.
“La respuesta de México es que no estamos ante esa situación (de seguridad nacional), con la cual yo coincido, no se configuran los extremos que principalmente a nivel OMC se han establecido para invocar una excepción de seguridad nacional; entonces, se puede interpretar que es una salvaguarda, no conforme a la OMC, y con lo cual México tiene la posibilidad de imponer una represalia equivalente al efecto comercial”, dijo Alejandro Gómez, exsubsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales y socio de la firma Foley Gardere Arena.
En este sentido, si EU llegara a imponer el arancel de 5 por ciento el 10 de junio, la afectación anual ascendería a los 17.32 mil millones de dólares (según cifras de 2018 del Departamento de Comercio de Estados Unidos); por consecuencia México podría gravar el equivalente a esta cantidad con medidas espejo o con medidas que apunten estratégicamente a productos en específico.
Sin embargo, si se llegara a instaurar un arancel de 25 por ciento el primer día de octubre, las afectaciones a nivel nacional por año ascenderían los 86.62 mil millones de dólares y México tendría que tomar represalias contra EU que impactaran, comercialmente hablando, en el mismo nivel.
Otra de las alternativas que tienen los nacionales en el abanico de opciones es establecer una controversia ante la OMC; no obstante, previo a este paso, México y Estados Unidos tienen que celebrar consultas sobre la situación correspondiente, cuestión que, como lo anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, suceden en estos momentos en EU.
“El presidente López obrador anticipó que acudían sus representantes con sus contrapartes de EU. Si estas consultas son infructuosas, en un mes se puede solicitar el establecimiento de un panel de la OMC; sin embargo, este panel en promedio se lleva de 3, 4 hasta 5 años para que emita una decisión final en las dos etapas que tienen en la OMC, que es un panel y después el órgano de apelación”, concluyó Gómez.
Fuente: El Financiero.
