expresó que las leyes complementarias de la Guardia Nacional están apegadas a los derechos humanos y permitirán articular todos los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal que tiene el Estado mexicano.
Ricardo Mejía, en representación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, explicó que la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza “va a responder a los estándares internacionales en la materia, recomendaciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de diferentes organismos no gubernamentales y asociaciones civiles. La Ley para el Registro de Detenciones va a ser muy importante para combatir cualquier práctica de tortura, desaparición forzada y otro tipo de ilícitos”.
Explicó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantea el ataque a la criminalidad desde diferentes aspectos como la intervención social, inteligencia, medidas financieras para combatir mercados ilegales y estructuras, despliegue territorial y fuerza pública. Involucra aspectos sociales, derechos humanos y combate a la corrupción.
Indicó que la Guardia Nacional será un órgano de adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tendrá un despliegue permanente que va de los 300 a 600 elementos, dependiendo el índice de violencia. Y tendrá capacitación en materia de investigación policial, perspectiva de género, y en el Sistema de Justicia Penal.
Señaló que este cuerpo de seguridad no sustituye a las fuerzas policiales estatales y municipales, ya que como parte fundamental de la estrategia se impulsa un nuevo Modelo Nacional de Policía en estados y municipios, para fortalecer el trabajo de depuración, certificación, profesionalización, dignificación de los cuerpos policiales, con mejores prestaciones sociales, homologación salarial y de equipamiento para poder tener una fuerza pública en los tres niveles de gobierno mucho mejor formada para recuperar la paz.
Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), recordó el acuerdo de asistencia-cooperación para la Guardia Nacional que se suscribió con el Gobierno de México, para asegurar el respeto a los derechos humanos y precisó que la Oficina lo entendió como un cambio de paradigma que va más allá de la capacitación sino que ofrece asistencia técnica para el diseño de las capacitaciones, de los protocolos de actuación, de los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Señaló que “se trata de una apuesta por una institución de corte democrático, propia de un régimen constitucional de derecho”. Y coincidió en que “la vía civil en materia de seguridad también demanda un compromiso desde la dimensión local, urge construir policías profesionales y competentes a nivel estatal y municipal con una cultura muy distinta a la cultura de la arbitrariedad”.
Fuente: Comunicado.
