El escenario económico que dejaría la deportación masiva que propone el partido Republicano de Donald Trump está calculado. Caída del PIB, reducción del empleo, caída de la recaudación de impuestos y con ello un mayor déficit, por no hablar del impacto negativo en sectores como la construcción o la agricultura entre otros. A ese impacto se le tiene que sumar el costo de la deportación en sí misma de unos 11 millones de personas que carecen de estatus legal permanente y otros 2,3 millones que cruzaron la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024. Es una cuenta multimillonaria para los contribuyentes. Según el American Immigration Council (AIC) se estima que en el escenario más realista, cada año de la siguiente década se gaste en ello 88.000 millones de dólares, cuatro veces el presupuesto de la NASA o 18 veces más de lo que todo el mundo invierte en investigación contra el cáncer cada año.
Hay dos vías para hacer esta operación masiva, según el AIC. Una de ellas es poco viable por las dificultades operativas que supone. Se trata de que las autoridades resolvieran hacer la deportación de una sola vez. En este caso la cuenta de inicio parte de unos 315.000 millones de dólares, según las estimaciones de esta organización. Esto es el equivalente al 37% del presupuesto anual de defensa de Estados Unidos. Es un gasto que ha de financiarse a la vez que Trump promete más rebajas de impuestos, pero los cálculos mínimos para hacer arrestos son 89.000 millones. Las detenciones masivas (167.800 millones), los procesos judiciales (34.100 millones) y las expulsiones (unos 24.100 millones).
A esa cuenta hay que sumar más costos de una acción complicada de estimar en su totalidad porque no es fácil poner una cifra a la “capacidad institucional con la que desplazar a unos 13 millones de personas en in corto periodo de tiempo”. “Es incalculable”, dice el reporte de la AIC, porque no es realista. Para poner esta acción en perspectiva hay que considerar que en Estados Unidos en 2022 había en prisiones locales, de condado, estatales y federales unos 1,9 millones de personas. Simplemente no hay capacidad y la operación puede convertirse en un pozo sin fondo para los contribuyentes.
La AIC calcula que para llevar a cabo 13 millones de arrestos en un periodo de tiempo corto se requerirán entre 220.000 y 400.000 nuevos empleados algo que pondría más presión en el mercado laboral de la que habría con la pérdida de los empleos de los inmigrantes, lo que es un factor altamente inflacionista. Solo para arrestar a un millón al año el ICE requeriría 30.000 agentes más. Sería entonces la mayor agencia de orden del Estado Federal.
La segunda vía, el escenario más realista, es completar esta deportación masiva en 10 años con un costo total de 968.000 millones— asumiendo que la inflación anual se mantenga en el 2,5% (algo poco probable dadas las dinámicas económicas que entrarían en juego)—. Anualmente serían 88.000 millones de dólares dedicados a arrestos (7.000 millones), detenciones mientras se amplia capacidad (66.000 millones), procesos legales de un millón de personas al año (12.600 millones) y las expulsiones de inmigrantes (2.100 millones). En esas cuentas se estima que el 20% de los afectados se iría voluntariamente.
Es un costo para las cuentas federales que supone en un año no solo cuatro veces lo que se dedica a la agencia espacial, sino también el doble de lo que se presupuesta para el Instituto Nacional de Salud, una entidad que es la primera entidad financiera pública de investigación biomédica. Su misión genera casi 100.000 millones en actividad económica. Desde el AIC se recuerda que es un coste tres veces mayor que el que dedica el Gobierno en el programa de nutrición infantil y también está por encima de lo que cuesta el crédito fiscal por hijo.
Al cabo de 10 años esos 968.000 millones que salen de los bolsillos de una menor base de contribuyentes, podrían haber financiado, según cálculos de la AIC unas 40.450 nuevas escuelas en todo el país o 2,9 millones de viviendas que alivien la crisis que se vive en este sector y los altos costos de propiedades y alquileres. Es una cantidad que financiaría el programa de escolarización de menores Head Star para los próximos 79 años o que se podría usar para pagar la educación de 8,9 millones de personas en universidades públicas (o 4,3 millones en instituciones privadas). Si no tiene hijos y ya ha pagado su casa hay otra medida, es dinero suficiente para comprar un auto nuevo a 20,4 millones de personas.
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Fuente: EL PAÍS
