Donald Trump ha vuelto a ser imputado. Apenas dos meses después de que la Fiscalía del Sur de Manhattan le acusara de 34 cargos de falsedad documental e intento de comisión de delito, el Estado federal - el equivalente del Estado central en España, aunque con muchas diferencias - le ha acusado de delitos relativos a la sustracción de secretos de Estado - incluyendo documentos relativos a la defensa nuclear de al menos un país aliado y a la vida privada del presidente francés Emmanuel Macron - que se llevó al dejar la Casa Blanca tras su derrota electoral de 2020.
En total, Trump se hizo con un centenar de documentos secretos como mínimo, que luego rehusó entregar a los Archivos Nacionales y a otros organismos competentes durante más de medio año, a pesar de las insistentes demandas de éstos. Finalmente, el FBI - el equivalente de la policía nacional en EEUU, un país donde el orden público depende de las Administraciones locales - entró en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el 8 de agosto del año pasado, y recuperó once cajas con documentos secretos, aunque persisten los rumores acerca de si Trump no mantiene más en su poder. La investigación, así pues, ha durado diez meses.
Trump ha sido quien ha dicho que sus abogados le han informado de la imputación, y que tiene una cita en un juzgado de Miami el jueves a las 3 de la tarde hora local (9 de la noche de España), en la que presumiblemente le serán leídos los cargos en su contra. Porque, por el momento, no se sabe de lo que el ex presidente es acusado, aunque, según fuentes cercanas a él, entre los cargos están falso testimonio y obstrucción a la justicia. Esas mismas fuentes señalan que en total hay siete cargos contra el ex presidente y principal candidato republicano para las elecciones de 2024.
Son muchos menos que en el caso de Nueva York - motivado esencialmente por su presunta decisión de ofrecer dinero a la actriz porno Stormy Daniels y a la monedo erótica Karen McDougal para que mantuvieran en silencio sus relaciones sexuales con él cuando estaba compitiendo contra Hillary Clinton por la presidencia - , pero, en principio, de mucho más peso. La razón es que en esta ocasión no se ve afectada la regulación de las elecciones, como en el otro caso, sino el sistema judicial y, tal vez, incluso la Ley de espionaje, dado que Trump podría haber compartido los documentos con otras personas.
A ello se suma el hecho de que ahora no es un estado (Nueva York), sino el Estado federal, cuyo responsable último es el fiscal general (cargo equivalente al de ministro de Justicia en España) Merrick Garland, nombrado por Joe Biden y ratificado por el Senado. Eso ha dado alas al ex presidente y a sus seguidores para acusar a toda la investigación de estar motivada políticamente, dado que a día de hoy Donald Trump es, de lejos, el candidato republicano con más probabilidades de enfrentarse a Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024. En todo caso, Trump - o cualquier ciudadano estadounidense - puede hacer campaña estando imputado, siendo sometido a juico y en la cárcel. Es más: si es necesario, de acuerdo con la ley de ese país, Donald Trump puede ejercer la presidencia desde la cárcel. Por de pronto, la nueva imputación no tiene por que impactar negativamente en sus perspectivas electorales. Antes al contrario. Tras ser acusado formalmente en Manhattan, su popularidad y los donativos de sus seguidores a su campaña se dispararon.
El caso de los documentos secretos que Trump se llevó de la Casa Blanca ha sido políticamente complicado. En el periodo que va de octubre a enero pasados, entre 25 y 30 documentos también secretos fueron encontrados en la residencia de Joe Biden en el estado de Delaware además de en una de las oficinas que ocupó después de dejar la Casa Banca en 2017. Al igual que en el caso de Trump, Garland abrió una investigación, para que nombró un fiscal especial, Robert K. Hur.
Las pesquisas de Hur continúan. No así las del Departamento de Justicia contra el ex vicepresidente de Estados Unidos con Donald Trump, Mike Pence, en cuyo poder también se encontraron varios documentos confidenciales. Hace justo una semana, el Departamento de Justicia cerró la investigación sobre la base de que no había habido negligencia ni intención de cometer un delito por parte de Pence, que apenas seis días después lanzó su campaña para las elecciones de 2024 por el Partido Republicano, en la que compite contra Trump. En la Historia de Estados Unidos, nunca un vicepresidente y un presidente que habían servido en la misma Administración se habían enfrentado en unos comicios hasta ahora. Según Trump, la decisión de sobreseer la causa contra Pence obedeció al interés de algunos grupos políticos de dejar a su rival presentarse a las elecciones, pese a que el ex vicepresidente no tiene ninguna posibilidad de ganar.
La gran diferencia entre Biden y Pence, por una parte, y Trump, por otra, es que los dos primeros informaron ellos al Departamento de Justicia de la aparición de los documentos - pese a que el caso del actual presidente algunos llevaban más de trece años en su poder - mientras que Trump no solo no lo hizo, sino que entregó una parte - 256 documentos - pero se guardó otra - 84 informes - cuando el Departamento de Justicia se lo exigió. El ex presidente republicano también podría haber enseñado algunos de esos informes a sus amigos, e incluso haber tratado de negociar su entrega al Estado de EEUU a cambio de contrapartidas que no han sido especificadas. De ahí proceden las virtualmente seguras imputaciones por obstrucción a la justicia y falso testimonio.
Otra cosa es cómo haya decidido el fiscal especial designado por Garland para investigar el caso, John Smith, enfocar el hecho de que el ex presidente, ya como ciudadano privado, se llevó los documentos. La principal tesis de Trump es que él, en su calidad de ex presidente, tiene, solo con el poder de su mente, y sin que sea necesario escribirlo o, tan siquiera, decirlo, la facultad para decidir lo que es secreto y lo que no.
Smith también dirige la investigación sobre Trump por el asalto al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021, en un intento de evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden. Finalmente, Trump está también siendo investigado por el tribunal del estado de Georgia por intento de fraude electoral, para robar la victoria en ese estado del demócrata Joe Biden.
Trump acusó anoche (madrugada de hoy en España) al Departamento de Justicia de llevar a cabo "interferencia electoral", dado que él es, de lejos, el principal candidato a obtener la nominación republicana en las elecciones de 2024 y, por tanto, en convertirse en el rival de Joe Biden. El hecho de que esta investigación sea llevada a cabo por el Estado federal, bajo un Gobierno demócrata, da munición retórica al ex presidente a la hora de ver motivación política. El proceso de Nueva York está siendo llevado a cabo en un estado tradicionalmente demócrata, mientras que la investigación de Georgia es en un territorio republicano
Fuente: https://amp.elmundo.es/internacional/2023/06/09/6482746621efa0bd1e8b45d9.html
