Hermosillo, Son., septiembre 9 de 2021.- Generar un equilibrio entre los poderes tradicionales y los constitucionalmente autónomos, mediante la modificación del andamiaje jurídico sobre el cual se erigen las instituciones del Estado de Sonora, tiene como uno de sus objetivos principales la Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución local, aprobada hoy por mayoría del Pleno de la LXIII Legislatura.
Esta propuesta de reforma contiene una visión democrática en la que impera el fortalecimiento de las mismas instituciones, con la intención definitiva de lograr la convergencia entre los poderes del Estado, con una clara separación de los mismos y, sobre todo, generar un equilibrio entre estos, destaca de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de Morena, PT, Nueva Alianza, PVEM y la representación parlamentaria del PES.
En esta sesión ordinaria se aprobó por unanimidad otra Ley que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Sonora, iniciativa que presentó la diputada Natalia Rivera Grijalva, a efecto de establecer la figura de Parlamento Abierto en el Congreso del Estado de Sonora.
La Presidencia reservó para cuando se integren las comisiones dictaminadoras, una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN, con proyectos de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de ley de fiscalización y rendición de cuentas, con el fin de que sea abrogada la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.
Correspondió a la diputada Ernestina Castro Valenzuela dar lectura a la iniciativa con proyecto de Ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución local, a nombre de los grupos parlamentarios de Morena, del Trabajo, de Nueva Alianza Sonora, del Verde Ecologista de México y de la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario.
Expuso que uno de los puntos que contiene el proyecto es generar una homologación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de objetar el nombramiento realizado para integrar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que actualmente, el Poder Ejecutivo estatal es el que emite la convocatoria y selecciona a sus integrantes, para posteriormente someterlo a la aprobación del Poder Legislativo.
La propuesta aprobada es que sea el Congreso del Estado el que emita la convocatoria y lleve cabo el proceso de selección de las ciudadanas y ciudadanos que habrán de integrar el ISTAI, nombramientos que podrá objetar el titular del Poder Ejecutivo en el Estado.
También se aprobó dentro de la Ley que modifica la máxima norma jurídica del Estado, restablecer la facultad de fincar indemnizaciones a los responsables para la recuperación de daños y perjuicios que afecten al erario,
sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno, mientras que para dotar de mayor autonomía a las fiscalías especializadas, será la ciudadanía, mediante la asamblea de representantes populares, la que designe a las o los titulares referidos, facultad que actualmente tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La Ley prevé la eliminación de la sala especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas perteneciente al Tribunal de Justicia Administrativa, por considerar que “su creación responde a una generación innecesaria de más burocracia superflua y redundante, dado que las entidades federativas no están obligadas a contar con una sala en la materia para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción”.
El proyecto establece en la parte de las consideraciones, que legislaturas que anteceden a la actual elevaron a rango constitucional diversas disposiciones de carácter reglamentario del Congreso del Estado, las cuales por su condición, deben ser reguladas en la Ley secundaria y como ejemplo menciona la prohibición para presidir comisiones dictaminadoras, (razón por la cual se deroga el Artículo 50 de la norma), así como la reglamentación orgánica del Poder Legislativo, establecida en el Artículo 64 de la Constitución local.
“Lo anterior atenta contra la esencia de una Constitución, la cual se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y establece las normas primarias que habrán de regir y/o regular un Estado”, destaca el documento.
Otra de las disposiciones que se modifican en el proyecto es la relativa a la remisión del proceso de suspensión de ayuntamientos, la declaración de desaparición de los mismos y la revocación de mandato de algún miembro, mientras que en lo referente a las cuentas públicas, el Congreso podrá conocer, revisar, aprobar y no aprobarlas.
También se reformó la fracción XXXI del Artículo 64 de la Constitución, ya que se considera que ha estado sujeto a una serie de modificaciones que responden a coyunturas políticas, de manera que “es imperativo eliminar de la Constitución local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo, mediante la imposición de mecanismos elevados a rango constitucional en detrimento de la Asamblea de Representantes Populares”, señala.
Una vez finalizada la lectura del proyecto de Ley, el presidente de la mesa directiva lo sometió a votación del Pleno y fue aprobado por mayoría en lo general, con el voto en contra de los diputados del grupo parlamentario del PAN, que reservó diversos artículos para su discusión en lo particular.
El diputado Ernesto Roger Munro López cuestionó que se diga que se hicieron pequeños cambios a la máxima norma jurídica del Estado, razón por la cual solicitó que el asunto no se considerara como de urgente y obvia resolución, a fin de que el mismo se analizara a
fondo, pues según su punto de vista, se trata de legislar al vapor sin tomar en cuenta el estudio en comisión.
Posterior a la votación en lo general, el legislador dio a conocer los artículos que reservarían para su discusión en lo particular, los cuales fueron aprobados por la mayoría como fueron presentados en el proyecto original.
El resto del articulado que no fue motivo de discusión también se aprobó por mayoría. Votaron en contra los diputados Munro López, Alejandra López Noriega, María Sagrario Montaño Montaño Palomares, José Armando Gutiérrez Jiménez, Elia Sahara Sallard Hernández, Natalia Rivera Grijalva, Karina Teresita Zárate Félix, Rosa Elena Trujillo Llanes, Jorge Eugenio Russo Salido y Alma Manuela Higuera Esquer.
Los términos de la Ley serán notificados a los 72 ayuntamientos del Estado para los efectos dispuestos por el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora, y una vez aprobada por las dos terceras partes de los cabildos, pueda ser enviada a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
La segunda Ley aprobada que reforma y adiciona el Artículo 29 de la Constitución local establece en la exposición de motivos que el modelo de parlamento abierto del Congreso del Estado será una nueva visión de los diputados locales, para hacer del Poder Legislativo un espacio de participación ciudadana, con políticas de datos abiertos y donde se atiendan las solicitudes de la ciudadanía, y se proporcione la información que requieran de forma sencilla.
La diputada Natalia Rivera Grijalva dijo que de esta manera se garantiza la apertura de la información sobre el ejercicio presupuestario, con información accesible sobre la actuación de cada legislador, y al mismo tiempo dar a conocer la labor legislativa, así como sus procesos y beneficios a la sociedad.
“El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada ´CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA´, el cual actuará como Parlamento Abierto y se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información”, establece la reforma aprobada, a la cual se le hizo una adición en el texto, a propuesta de la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes.
La Ley será enviada a los 72 municipios para su análisis y aprobación.
Antes de clausurar la sesión, el Pleno aprobó una propuesta de la Presidencia de la mesa directiva, a efecto de habilitar para sesionar días distintos a los ordinariamente establecidos por la Ley. Se citó a la próxima sesión a celebrarse el lunes 13 de septiembre, a las 00:00 horas, a efecto de que acuda a rendir la protesta de Ley el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Fuente: Medios de Comunicación
