En el gran libro de la historia de la cultura mexicana se siguen escribiendo páginas que son, por decir lo menos, deshonrosas: toca el turno al gobierno del estado de Sonora, que ha cancelado —de hecho, si no de palabra— uno de los más prestigiados festivales dancísticos en México y en el extranjero: un Desierto Para la Danza.
El flujo de los hechos es el siguiente.
En meses pasados diversos artistas hicieron público su desacuerdo con el gobierno de Sonora por irregularidades en el tema de pagos. Ello no es novedad, pues diversas instancias gubernamentales han enfrentado protestas por el mismo tema, incluyendo el INBAL, dirigido por Lucina Jiménez, la Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, y el gobierno de la Ciudad de México.
Lo que sí es novedad es la respuesta del gobierno de Sonora: varios de los grupos artísticos que reclamaron de manera pública por las anomalías en los manejos de recursos han sido relegados del festival que construyeron durante 27 años.
Si tomamos por cierto el adagio de que “en política no hay casualidades”, no podemos sino sospechar de esta concatenación de eventos que manchan al gobierno de Sonora.
Por un lado, es evidentemente injusto desplazar a quienes construyeron este festival, colaborando por casi tres décadas de manera apolítica y apartidista con gobiernos de todos los signos, poniendo por encima el enriquecimiento cultural de Sonora. Ese empeño de construir en el desierto contagió al mundo de la danza nacional e incluso tuvo impacto en otros países.
De concretarse esta decisión anunciada por el Instituto Sonorense de Cultura, la administración de Claudia Pavlovich se estaría apropiando de algo que no es suyo: el festival lo construyeron artistas y gobernantes a lo largo de varias generaciones; el presupuesto del mismo nunca fue enteramente aportado por el gobierno de Sonora; más aún, el conocimiento dancístico y curatorial siempre fue puesto por los creadores.
Sí, el gobierno ha anunciado que hará un festival, pero hasta el momento no ha presentado cartel alguno (a estas alturas cuesta creer que se presenten figuras internacionales de renombre, como es ya tradición de Un Desierto para la Danza). Además, lo cual resulta sumamente grave, ha anunciado que el festival únicamente será organizado por el gobierno, sin la participación de “terceros”.
Escapa al entendimiento de algunos funcionarios que —para decirlo en términos que se entiendan en los pasillos del poder— estamos frente un asunto de Estado y no de gobierno; un tema que trasciende a colores partidistas, ideologías o administraciones, pues forma parte del patrimonio cultural no solo de Sonora, sino de México.
Despojar de dicho patrimonio cultural a quienes alzaron la voz para reclamar un trato digno ya comienza a levantar sospechas. ¿Es un experimento del poder para hacer lo mismo en otros estados o incluso a nivel federal? ¿Se están elaborando listas negras para desplazar de festivales y becas a quienes reclamen por los retrasos en los pagos?
La posibilidad de que se tomen represalias por hacer públicas las irregularidades en el manejo de los dineros públicos es un tema que trasciende a Sonora, y que preocupa no solo a artistas, sino también a proveedores de gobiernos a lo largo de todo México.
Pensando de buena fe, podemos esperar que los funcionarios menores que decidieron relegar a los artistas actuaran de manera imprudente y la gobernadora Pavlovich pueda aún corregir este entuerto. Como están las cosas, pierden los artistas, pierde el gobierno de Sonora y —lo más lamentable aún— pierden los públicos sonorenses y la cultura dancística nacional.
Pero aún hay espacio para la reconciliación y el reencuentro. Estamos a tiempo de escribir nuevas páginas, ahora con acciones transparentes, limpias, conciliadoras, que demuestren un verdadero aprecio del gobierno al arte y a la cultura.
Fuente: La Razón / David Flores Rubio
