La presunta tala de sahuaros, palo fierro, chollas y otras especies endémicas en una superficie de Bahía de Kino, estimada de más de 50 hectáreas, es investigada por la Profepa para determinar si hay ecocidio.
El predio, que fue denunciado por haber arrasado con la flora desértica protegida por las leyes federales, se ubica entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera que conecta a Bahía de Kino con Punta Chueca, en un proyecto para desarrollar terrenos campestres.
El caso de un presunto ecocidio cometido en el primer semestre de este año está bajo investigación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), según indicaron fuentes de esa dependencia, además que también es investigado por instancias municipales.
Aunque en la Profepa no expusieron detalles de las indagatorias porque están en curso, de comprobarse el delito la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en sus artículos 155 y 157, establece sanciones por realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en contravención de dicha ley, su reglamento o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
La sanción podría ser de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 8 mil 449 pesos hasta 689 mil 800 pesos.
Terreno en disputa
El predio además está envuelto en una disputa legal por la propiedad de los terrenos que se están vendiendo a particulares.
Ahí se desarrolla un proyecto, de forma ilegal, bajo el nombre de Club Campestre Río Azul porque no pertenece a quienes lo están vendiendo, denunció Érick López Murrieta, apoderado legal de quienes alegan ser dueños de esos terrenos desde los años setenta.
Explicó que esa superficie forma parte de cuatro propiedades que en conjunto suman 5 mil hectáreas y que sus únicos dueños son los descendientes del señor Jesús De Saracho Salomón.
"Soy representante legal de los dueños de los terrenos. Son cuatro propiedades", puntualizó.
Inicia el conflicto
López Murrieta resaltó que jamás hubo problemas hasta finales de 2016, cuando apareció una persona que dijo ser Germán Ruiz Santacruz, quien aseguraba ser dueño de los terrenos, pero no lo ha podido comprobar legalmente ya que, según refirió, no cuenta con escrituras.
"La primera vez que apareció y que nos afectó bastante, fue cuando empezó el proyecto de Kino Mágico, en Bahía de Kino. Nosotros toda la vida hemos sido transportistas, con concesiones y todo, estamos sindicalizados.
Cuando se hace el contrato de Kino Mágico (el parque recreativo)", relató, "piden material de ahí porque pasa a laboratorio, le hacen un estudio y pasó. Empezamos, traemos unas máquinas y de repente un día nos tapó el paso, diciendo que él era dueño del terreno y no podíamos pasar", añadió.
Ante esa situación, López Murrieta explicó que los propietarios lo nombran a él como representante legal y deciden demandar al presunto expropiador por lo que denunciaron la invasión del terreno ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Luis Alberto Serna Medina, abogado defensor, acusó que mientras estaba la "guerra legal", el señor Ruiz Santacruz hizo la tala que, dice se dio en una extensión de 50 hectáreas, en asociación con los dueños del desarrollo campestre para poner a la venta terrenos de 160 metros cuadrados.
"A lo que nosotros tenemos entendido hay una sociedad entre Germán y Río Azul. Es una cosa que no se explica, porque no tienen escrituras y la gente que compra los terrenitos no obtienen ninguna escritura. Te dan una hoja que ellos imprimen en su computadora.
"No pueden notariar porque no tienen papeles y a final de cuentas engañan a la gente", dijo.
Sanción municipal
En febrero de 2019, la empresa Río Azul comenzó con el proyecto, según la información del abogado Serna Medina, y en mayo fue clausurado por la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), pero no se informó el motivo de esa sanción.
En la información difundida en los medios de comunicación, se consigna que José Eufemio Carrillo Atondo, titular de Cidue, exhortó a la comunidad a no comprar dichos terrenos advirtiendo que eran irregulares.
La empresa señalada contestó por medio de un comunicado que demandaría al Ayuntamiento de Hermosillo y a la dependencia Cidue por emitir falsas declaraciones, ya que aseguraron que sí contaban con los permisos pertinentes para la venta de esos terrenos. Además, esta instancia investiga también el presunto corte de vegetación.
Para corroborar dicha información, se buscó al titular de Cidue para conocer los motivos de la clausura que se dio y el llamado que hizo, pero la respuesta fue que las entrevistas se veían con la encargada de Comunicación Social, quien dijo que por instrucción del Departamento Jurídico no emitirían declaraciones, ya que el caso estaba en medio de un proceso legal y podría perjudicar la investigación.
También se buscó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde hay una denuncia del caso, pero como la investigación está en proceso, indicaron que no pueden informar detalles.
Mientras ese predio está en medio de un conflicto legal, hay una investigación de una denuncia por tala de árboles de la que se espera el resultado y sanciones que, en su caso, procederían.
Fuente: Imparcial.
