Para que existan protocolos de actuación en los procesos por detenciones administrativas y evitar violaciones de derechos humanos en ellas, la diputada priista, Rosa Icela Martínez Espinoza, presentó una iniciativa ante la 62 Legislatura.
Con esta reforma a la Ley de Administración Municipal y de Seguridad Pública, dijo, se busca mejorar las condiciones de las celdas de las comandancias municipales, mismas que se encuentran en muy deterioradas y no cumplen con las normas básicas de salud y seguridad.
“Se considera pertinente el establecer por Ley, que los municipios tendrán la obligación de elaborar un reglamento que regule el funcionamiento de los separos preventivos, en los cuales se deberá de establecer como mínimo, los derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que acudan a dichos separos”, mencionó.
De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), detalló, de 2018 a la fecha han ocurrido, en distintos municipios de Sonora seis muertes en celdas municipales, por no existir vigilancia permanente en ellas.
Ante esto, la propuesta incluye la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad que dé certeza del trato que se les da a las personas detenidas, siempre bajo el aval de la CEDH.
Afirmó que además, se menciona la necesidad de ofrecer atención médica y sicológica a los detenidos que lo requieran, por tanto, debe existir personal capacitado en estas materias.
“Lo que se busca con esta iniciativa, es prevenir, impedir y sancionar la violación de derechos humanos durante una detención o arresto administrativo”, manifestó.
Indicó que las modificaciones propuestas surgieron a raíz de consultas y acercamiento con expertos, así como del foro público, Derechos Humanos: Principios y mejoras de las prácticas, sobre la detención administrativa de las personas, que se organizó en conjunto con la CEDH.
Fuente: Imparcial.